COMPARECIENTES DE FF.PP
CONTEXTO
En la búsqueda por reivindicar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y evitar la sucesión de nuevos hechos de violencia, el Acuerdo Final de Paz dispuso la participación de miembros activos y retirados de la Fuerza Pública, ante la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP-, como instancia judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, que hubieran cometido delitos relacionados con el conflicto armado, para que ofrezcan verdad plena sobre los hechos victimizantes.
Antes de la creación de la JEP, los miembros de la fuerza pública involucrados en la ocurrencia de delitos de lesa humanidad eran investigados y juzgados por la justicia ordinaria, y enfrentaban, en su mayoría, condenas de más de 40 años. Frente a los miembros de fuerza pública investigados, la postura del Ejército, y de la institucionalidad a cargo de la defensa nacional, fue rígida, guiada por la falta de credibilidad, la desconfianza y la estigmatización hacia sus hombres. La institución solía apartarlos de sus cargos y los ocupaba en dependencias de bajo relacionamiento operacional, con tal rechazo que en numerosas declaraciones fueron señalados como “manzanas podridas”.
Pese a la puesta en marcha de la justicia transicional, y a la definición del Caso 03 de la JEP que investiga los asesinatos y las desapariciones forzadas de 6.402 personas que fueron presentadas en el país como guerrilleros sin serlo; el Ejército Nacional de Colombia mantuvo la creencia negacionista frente a su responsabilidad institucional en estos hechos, aun cuando los llamados falsos positivos tenían un carácter sistemático de ocurrencia. La negación condujo al desamparo de los miembros del ejército participantes ante la JEP, quienes desconocían en detalle la naturaleza del SIVJRNR, y de sus derechos y sus deberes como comparecientes.
Ante la ausencia de acompañamiento estatal y la falta de recursos financieros, jurídicos y emocionales para comparecer a la jurisdicción, ex miembros de fuerza pública se congregaron y crearon la Fundación Comité de Reconciliación (FCR) con el propósito de salvaguardar los derechos humanos de los miembros de la fuerza pública y sus familias, con enfoque psicosocial. En sus inicios, la Comisión para el Esclarecimiento para la Verdad fue quien cobijó a la Fundación e impulsó la capacitación de sus miembros en el entendimiento del SIVJRNR, en su responsabilidad en el reconocimiento de los hechos y en el reconocimiento de las personas víctimas. Sin embargo, permanecía latente la falta efectiva de apoyo psicosocial y jurídico.
Fue entonces cuando la Embajada de Noruega decidió apoyar el fortalecimiento de la Fundación Comité de Reconciliación para garantizar las mínimas condiciones de verdad a las víctimas, a través de la atención de las necesidades mentales, emocionales y jurídicas de los comparecientes de fuerza pública.
LOGROS
A los comparecientes de la fuerza pública les está llegando el proceso de paz, ocho años después; era imperativo visibilizar a esta población y generar consciencia sobre su situación.
Camilo Rojas. Equipo PNUD.
1.
El logro inicial de la iniciativa de apoyo a comparecientes de fuerza pública fue visibilizar, ante la sociedad civil y el Gobierno Nacional, la situación de desamparo e incapacidad, en la que los miembros de la Fundación Comité de Reconciliación (FCR) manifestaron estar, para presentarse ante la JEP, reconocer la verdad y la responsabilidad, y responder de manera asertiva y adecuada a las víctimas.
2.
La institucionalidad dispuesta para la implementación del Acuerdo de Paz tomó consciencia sobre la urgencia de dar a los comparecientes de fuerza pública una respuesta coordinada entre entidades; inicialmente, la institucionalidad pública consideró que era la JEP quién debía atender a los comparecientes, pero en el camino se hizo evidente que para la implementación de las sanciones que se impondrán a los comparecientes, varias entidades deben asumir responsabilidades (Ministerio de Defensa, Agencia de Reincorporación y Normalización, entre otras).
3.
Apoyar el fortalecimiento de la Fundación, para dar pedagogía a miembros y ex miembros de la fuerza pública en asuntos jurídicos y psicosociales, hizo posible que se creara legalmente una política pública de acompañamiento a los comparecientes. En articulación con la ARN y el PNUD, se hizo un diagnóstico poblacional para caracterizar a las personas: conocer quiénes son, dónde están y qué necesitan; se creó, por disposición del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, artículo 18, el Proceso de Acompañamiento a miembros y ex miembros de fuerza pública comparecientes, a cargo de la ARN, con el propósito de otorgar beneficios económicos, traducidos en: capital semilla para miembros retirados y sin asignación de retiro, equivalente a un monto de hasta ocho millones de pesos, para la puesta en marcha de proyectos productivos, y apoyo de sostenimiento a aquellos miembros retirados sin vinculación laboral o de prestación de servicios, equivalente al 90% del SMLMV.
“Lo más exitoso es que cada día crezcamos en el número de comparecientes que entiendan el proceso de diálogo y que puedan sentarse a asumir responsabilidad; así el sistema (SIVJRNR) cumple su objetivo y las víctimas encuentren la verdad que anhelan”. César Maldonado. Presidente de la Fundación Comité de Reconciliación.
4.
La Fundación Comité de Reconciliación (FCR) ha expandido su quehacer en siete regiones del país[1], con un total de 3257 participantes, a febrero de 2024. Ampliar la cobertura geográfica del acompañamiento ha significado difundir la pedagogía sobre la comparecencia ante la JEP, sobre los Trabajos, Obras y Actividades con contenido restaurador (TOAR) y brindar herramientas psicosociales. Si se suman más comparecientes a la participación, con el mismo nivel de información, es posible empoderar y afianzar la participación de los comparecientes alrededor de su proceso, y generar mejores condiciones para que la verdad dicha sea completa, detallada y exhaustiva.
[1] Regional Sur (Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Nariño, Caquetá, Amazonas); Regional Llanera (Meta, Casanare, Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada); Regional Caribe (Bolívar, Magdalena, César, Atlántico, Guajira); Regional Norte (Antioquía, Córdoba, Sucre, Chocó); Regional Cafetera (Caldas, Risaralda, Quindío); Regional central (Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá); Regional Oriente (Santander, Norte de Santander, Arauca).
5.
En fortalecimiento institucional para la paz, el PNUD logró que la ARN fuera consciente de la urgencia requerida en la atención al universo de comparecientes de fuerza pública y de la necesaria distinción, en términos de alcance y enfoques, sobre el acompañamiento y la asesoría que debe garantizar para los comparecientes de fuerza pública y para las personas firmantes de paz. La ARN lideró el desarrollo de 14 encuentros, a lo largo del país, que tenían por objetivo reunir en un solo espacio a comparecientes de fuerza pública, y conocer cuál era el estado del proceso de comparecencia, cuáles los vacíos y cuáles las necesidades del proceso. Durante los espacios, gran parte de los comparecientes se reencontraron con compañeros del pasado, reafirmaron su intención de vincularse a la Fundación Comité de Reconciliación (FCR) y manifestaron la necesidad y voluntad de recibir asesoría y acompañamiento de la ARN.
BUENAS PRACTICAS
1.
La credibilidad con la que cuenta el PNUD frente a los comparecientes ha permitido propiciar la confianza de los miembros y ex miembros de fuerza pública hacia la institucionalidad. En tanto se visibiliza la problemática de atención y se crea el Proceso de Acompañamiento, a cargo de la ARN, se facilita el camino para el esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes de fuerza pública.
2.
El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en torno a las garantías procesales, la defensa técnica y el tránsito a la vida civil de comparecientes de fuerza pública, representa un gran potencial para el logro de los fines de la justicia transicional con enfoque restaurativo.
LECCIONES APRENDIDAS
“Las guerras que no se saben acabar se vuelven a encender”. César Maldonado. Presidente de la Fundación Comité de Reconciliación.
1.
No hubo un respaldo legal, desde la firma del Acuerdo de Paz, para los comparecientes de fuerza pública en su proceso de reintegración, similar al que tuvo la población de firmantes de paz, ex miembros de las entonces FARC-EP y hubo negacionismo del Gobierno Nacional en dar respuestas efectivas a las necesidades de los comparecientes. En futuros procesos de paz es indispensable, desde la firma y primeros días de la implementación de los Acuerdos de Paz, detenerse y dar importancia al rol y a la atención integral de todos aquellos que transitan el camino de reincorporación a la vida civil, de modo que los esfuerzos de respuesta y atención del Estado no queden centralizados en una de las partes.
2.
Dar respuesta a las necesidades mentales, espirituales y emocionales de quienes participan de un proceso de reintegración es determinante en la ruta hacia la reconciliación. Las afectaciones psicosociales se padecen por todas las partes involucradas en el conflicto armado. Más pronto que tarde, deben iniciarse estudios de diagnóstico que permitan determinar la naturaleza y el nivel de las afectaciones psicológicas sufridas. Desde la Fundación Comité de Reconciliación se ha promovido realizar un estudio que establezca las afectaciones psicológicas de los miembros de fuerza pública. Según lo anuncia el presidente de la Fundación, César Maldonado, sino se tratan estos dolores, los comparecientes mantendrán un ánimo de venganza, bajo la estela del populismo punitivo; desmovilizar a un hombre no es quitarle el fusil.
DIFERENCIADORES
La capacidad de interlocución y la escalabilidad en temas de justicia transicional le ha permitido al PNUD llevar recomendaciones al Gobierno Nacional (ARN), con relación al diseño y conceptualización del Proceso de Acompañamiento a miembros activos y retirados de la fuerza pública compareciente ante la JEP.
APUESTAS FUTURAS
Se estima que cerca de 10.400 miembros y ex miembros de fuerza pública puedan participar en el Proceso de Acompañamiento. En tanto el Plan Nacional de Desarrollo marcó la institucionalización del Proceso, al declarar los beneficios económicos del capital semilla y del apoyo de sostenimiento, el Proceso de Acompañamiento a miembros de fuerza pública podría considerar la experiencia de más de 6 años, en el acompañamiento y asistencia técnica del PNUD a los proyectos de reincorporación en personas firmantes de paz, en los cinco componentes definidos para la iniciativa: (i) generación de ingresos para fortalecer el proceso de comparecencia, mediante la puesta en marcha de emprendimientos propios o familiares, de acuerdo a las capacidades de los comparecientes; (ii) inclusión laboral, como estrategia de fortalecimiento de capacidades y saberes; (iii) atención de la población en situación de discapacidad; (iv) pedagogía jurídica, en aras de proveer a los comparecientes de las herramientas que les permitan apropiar su proceso de comparecencia y (v) apoyo para la formulación e implementación de acciones restaurativas.
El apoyo al Proceso de Acompañamiento a miembros de fuerza pública, inspirado en la experiencia de asistencia técnica a firmantes de paz, supone realizar continuas mejoras y adaptaciones metodológicas de acuerdo a los intereses y a los contextos de los comparecientes; así como a las directrices de las organizaciones o entidades que participen en el apoyo al Proceso.
